La lógica política detrás del Aborto Terapéutico
Es alarmante encontrar que muchos no hacen la conexión entre el acceso al proceso político en igualdad de condiciones, y la actuación de la Asamblea Nacional respecto al tema del aborto terapéutico. Más allá de las posiciones personales sobre éste delicado tema, el debate del aborto terapéutico tiene una dimensión política importante en relación al sistema democrático, específicamente en la búsqueda de la igualdad de condiciones, la inclusión política, el Estado de Derecho y el tema de las instituciones. De ahí que la ausencia absoluta de un debate serio e inclusivo, alejado de una clara manipulación electoral a 15 días de las votaciones, revela por si mismo la lógica política detrás del tema: la exclusividad actual del sistema político y las instituciones al servicio de los partidos.
Mientras los miembros de la junta directiva de la Asamblea recibieron diligentemente a los representantes de la iglesia católica y algunos evangélicos, los grupos de mujeres que marcharon unos días después esperando ser atendidas en igual trato –por eso de vivir en democracia-, se encontraron con las puertas cerradas. En este sentido, las marchas de Octubre simbolizan claramente la exclusión política del sistema y cómo funcionan en la práctica, los arreglos políticos desde las instituciones y poderes del Estado. El trato desigual de parte de la Asamblea Nacional frente a las peticiones del movimiento de mujeres y organizaciones sociales diversas, evidencia hasta qué grado se ha enclavado la institucionalización de la discriminación política y la marginalización de los grupos sociales. Lo que a su vez muestra el nivel de particularismo y abusos de autoridad a la hora de adoptar decisiones políticas. En este caso, abusos de autoridad bien claros de parte de la Asamblea -como supuestos representantes de la sociedad- y del poder Ejecutivo, quien con carácter de urgencia mandó un proyecto de ley sin convocar antes un debate plural con médicos, grupos de mujeres y organizaciones sociales y religiosas.
Esta actuación que continúa repitiéndose ante la negativa de la Asamblea de recibir al movimiento de mujeres, anuncia en el actual contexto un dictamen a todas luces electoral. Pues diversos proyectos de ley como el Código de la Familia, que lleva 10 años sin aprobarse, siguen engavetados. Y en cambio ahora que se trata de hacer que un derecho con 100 años de vigencia se convierta en delito, los diputados agilizan el procedimiento teniendo un inusitado impulso de urgencia para reformar el código penal antes de las elecciones.
Por otro lado, el “compromiso” de los directivos de la AN para no solamente reformar el código penal, sino además “agilizar el trámite” para favorecer una petición que proviene de las iglesias católica y evangélica, es abiertamente inconstitucional por no respetar el Estado laico. Asimismo, la negativa de los parlamentarios de escuchar los diferentes puntos de vista sobre éste tema pone en evidencia la falsedad del discurso político electoral, que no pasa la prueba de los hechos. Pues tira a la borda todo el discurso sobre la promoción de la democracia, el respeto a las leyes, la participación y sobretodo el de la “modernización” de las instituciones, actualmente en boca de los candidatos. Es un claro ejemplo de cómo es inútil hablar de reformas institucionales mientras éstas sigan respondiendo a la lógica de los favoritismos, pactos, intereses partidarios y excluyentes.
Así pues, el caso del aborto terapéutico nos muestra hasta donde llegan las palabras y compromisos de los candidatos Montealegre, Rizo y Ortega con el Estado de Derecho, la “modernización” de las instituciones y la democracia. Pues ¿de qué Estado de Derecho me pueden hablar los que quieren transformar a Nicaragua, un Estado constitucionalmente Laico, en un Estado Religioso? ¿Y qué tipo de democracia pueden darle a este país, quienes desde la manipulación religiosa intentan subordinar las instituciones a sus intereses políticos? De poco sirve prometer un Estado respetuoso del derecho y la legalidad, si en la práctica estos tres candidatos no muestran interés alguno en transformar el modo en que se hacen las leyes (y sus reformas), y por el contrario irrespetan los mandatos constitucionales y los derechos de las mujeres.
Es sumamente preocupante el hecho de que la población nicaragüense apoye abstractamente la democracia como sistema de valores (igualdad, inclusividad, representatividad, participación), pero no logre ver su practicidad cuando ocurren hechos que atentan contra ella. O lo que es peor aún, que apoyen una falsa democracia ajustada a sus propios intereses y satisfacciones inmediatas, sin reparar en la arbitrariedad de estas acciones. Pero esto finalmente tiene un alto costo que se revertirá contra todos. Quienes apoyan y celebran la actuación de la Asamblea sin reparar en los efectos negativos para la democracia, se quejarán mañana de las consecuencias de este sistema cuyas puertas solamente se abren cuando están bendecidas por el poder y sus intereses. Pues los mismos diputados que hoy firman sus “compromisos” políticos con la Iglesia y candidatos, ayer firmaron sin asco las reformas del 2000 hijas del pacto y las de 2004 conocidas como Ley Marco. Si no denunciamos el sucio proceso político con que se ha manejado el tema del aborto terapéutico, después de las elecciones sin importar quién gane, la lógica política y el modo de gobernar seguirá siendo el mismo.
Es alarmante encontrar que muchos no hacen la conexión entre el acceso al proceso político en igualdad de condiciones, y la actuación de la Asamblea Nacional respecto al tema del aborto terapéutico. Más allá de las posiciones personales sobre éste delicado tema, el debate del aborto terapéutico tiene una dimensión política importante en relación al sistema democrático, específicamente en la búsqueda de la igualdad de condiciones, la inclusión política, el Estado de Derecho y el tema de las instituciones. De ahí que la ausencia absoluta de un debate serio e inclusivo, alejado de una clara manipulación electoral a 15 días de las votaciones, revela por si mismo la lógica política detrás del tema: la exclusividad actual del sistema político y las instituciones al servicio de los partidos.
Mientras los miembros de la junta directiva de la Asamblea recibieron diligentemente a los representantes de la iglesia católica y algunos evangélicos, los grupos de mujeres que marcharon unos días después esperando ser atendidas en igual trato –por eso de vivir en democracia-, se encontraron con las puertas cerradas. En este sentido, las marchas de Octubre simbolizan claramente la exclusión política del sistema y cómo funcionan en la práctica, los arreglos políticos desde las instituciones y poderes del Estado. El trato desigual de parte de la Asamblea Nacional frente a las peticiones del movimiento de mujeres y organizaciones sociales diversas, evidencia hasta qué grado se ha enclavado la institucionalización de la discriminación política y la marginalización de los grupos sociales. Lo que a su vez muestra el nivel de particularismo y abusos de autoridad a la hora de adoptar decisiones políticas. En este caso, abusos de autoridad bien claros de parte de la Asamblea -como supuestos representantes de la sociedad- y del poder Ejecutivo, quien con carácter de urgencia mandó un proyecto de ley sin convocar antes un debate plural con médicos, grupos de mujeres y organizaciones sociales y religiosas.
Esta actuación que continúa repitiéndose ante la negativa de la Asamblea de recibir al movimiento de mujeres, anuncia en el actual contexto un dictamen a todas luces electoral. Pues diversos proyectos de ley como el Código de la Familia, que lleva 10 años sin aprobarse, siguen engavetados. Y en cambio ahora que se trata de hacer que un derecho con 100 años de vigencia se convierta en delito, los diputados agilizan el procedimiento teniendo un inusitado impulso de urgencia para reformar el código penal antes de las elecciones.
Por otro lado, el “compromiso” de los directivos de la AN para no solamente reformar el código penal, sino además “agilizar el trámite” para favorecer una petición que proviene de las iglesias católica y evangélica, es abiertamente inconstitucional por no respetar el Estado laico. Asimismo, la negativa de los parlamentarios de escuchar los diferentes puntos de vista sobre éste tema pone en evidencia la falsedad del discurso político electoral, que no pasa la prueba de los hechos. Pues tira a la borda todo el discurso sobre la promoción de la democracia, el respeto a las leyes, la participación y sobretodo el de la “modernización” de las instituciones, actualmente en boca de los candidatos. Es un claro ejemplo de cómo es inútil hablar de reformas institucionales mientras éstas sigan respondiendo a la lógica de los favoritismos, pactos, intereses partidarios y excluyentes.
Así pues, el caso del aborto terapéutico nos muestra hasta donde llegan las palabras y compromisos de los candidatos Montealegre, Rizo y Ortega con el Estado de Derecho, la “modernización” de las instituciones y la democracia. Pues ¿de qué Estado de Derecho me pueden hablar los que quieren transformar a Nicaragua, un Estado constitucionalmente Laico, en un Estado Religioso? ¿Y qué tipo de democracia pueden darle a este país, quienes desde la manipulación religiosa intentan subordinar las instituciones a sus intereses políticos? De poco sirve prometer un Estado respetuoso del derecho y la legalidad, si en la práctica estos tres candidatos no muestran interés alguno en transformar el modo en que se hacen las leyes (y sus reformas), y por el contrario irrespetan los mandatos constitucionales y los derechos de las mujeres.
Es sumamente preocupante el hecho de que la población nicaragüense apoye abstractamente la democracia como sistema de valores (igualdad, inclusividad, representatividad, participación), pero no logre ver su practicidad cuando ocurren hechos que atentan contra ella. O lo que es peor aún, que apoyen una falsa democracia ajustada a sus propios intereses y satisfacciones inmediatas, sin reparar en la arbitrariedad de estas acciones. Pero esto finalmente tiene un alto costo que se revertirá contra todos. Quienes apoyan y celebran la actuación de la Asamblea sin reparar en los efectos negativos para la democracia, se quejarán mañana de las consecuencias de este sistema cuyas puertas solamente se abren cuando están bendecidas por el poder y sus intereses. Pues los mismos diputados que hoy firman sus “compromisos” políticos con la Iglesia y candidatos, ayer firmaron sin asco las reformas del 2000 hijas del pacto y las de 2004 conocidas como Ley Marco. Si no denunciamos el sucio proceso político con que se ha manejado el tema del aborto terapéutico, después de las elecciones sin importar quién gane, la lógica política y el modo de gobernar seguirá siendo el mismo.
Yálani Zamora
No comments:
Post a Comment